La Unión Europea castigará con 10 años de cárcel los delitos medioambientales que causen muerte

La Unión Europea (UE) castigará con al menos diez años de cárcel los delitos contra el medioambiente que causen la muerte, extremo que respaldan tanto la Eurocámara como el Consejo de la UE y la Comisión Europea antes de iniciar la negociación final de la Directiva de Crímenes Medioambientales.

El pleno de la Eurocámara adoptó la posición aprobada previamente en la comisión de Asuntos Jurídicos del hemiciclo comunitario por unanimidad, que en ese aspecto coincide con el mandato que los Estados miembros otorgaron al Consejo de la UE para que negocie en nombre de las capitales.

El Parlamento Europeo defiende, en concreto, que los delitos que causen la muerte, daños a la salud o daños medioambientales importantes se castiguen con una pena de al menos 10 años, y que la pena para otros delitos menos graves oscile entre seis y 10 años.

El Consejo, por su parte, aboga por castigar con al menos diez años de prisión los delitos dolosos medioambientales que causen la muerte de cualquier persona y los delitos por negligencia grave que causen la muerte de una persona.

Los eurodiputados tendrán ahora que negociar el texto final de la actualización de la Directiva de Delitos Medioambientales con el Consejo, que representa a los países de la UE, con el objetivo de que la legislación esté aprobada antes de que se acabe la legislatura comunitaria en 2024.

El Parlamento Europeo quiere también elevar las multas por delitos medioambientales cometidos por empresas, pasando del 5% de la facturación mundial media de la compañía que recogía la propuesta inicial de la Comisión Europea, que defienden también los países, hasta el 10% de los ingresos de la empresa.

La Eurocámara también respalda que un delito medioambiental no prescriba 25 años después de haberse cometido, sino 25 años después de que empiece a investigarse.

El eurodiputado ponente del texto, el conservador neerlandés Toine Manders, explicó al presentar su propuesta que el objetivo es “que los responsables de delitos medioambientales se tengan que enfrentar a un tribunal criminal” sin poder ampararse en que es otra persona jurídica.

La Comisión Europea presentó una actualización de la Directiva que protege el medioambiente a través del derecho penal y se adoptó en 2008 al considerar que no había resultado suficientemente efectiva.

La nueva ley europea, cuyos detalles aún están por negociarse, exigirá a los Estados miembros que traten como delitos penales las actividades que infringen la legislación medioambiental de la UE, como el traslado ilegal de residuos, el comercio de especies en peligro de extinción, el tráfico ilegal de madera o las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos.